The EU as a template for ASEAN?

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, viagra José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, viagra 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

by Kintto Lucas

ALAI AMLAT-en, sildenafil 17/07/2013.- In the past few years, case South America has taken some decisive steps toward regional integration. Aware of the challenges of globalization, viagra which have surfaced in international political and economic crises, as well as in the proliferation of transnational illicit activities that are beyond the capacities of individual states to control, some countries have begun to understand that the advantages of greater cooperation and commercial interchange are not the final goal. Rather it is necessary to coordinate responses not only in economic and fiscal policy, but also in social policy, the control of natural resources, environmental issues, defence and other areas, in order to face the threats that impinge on them. Above all, in the world as it is now developing, it is impossible to walk alone. It is essential to walk together.

To reinforce integration we need to increase levels of economic and commercial interdependence in the region. It is a complex but not impossible course. We need to develop a collective vision and cease to contemplate our own navels. The bigger economies must show greater solidarity with the smaller ones, but it is fundamental that the latter look to their own development, stop being parasites and stop hiding behind the farce of re-selling products brought in from other places without any local value-added, but simply adding labels that proclaim the product to be of national industry.

Little by little South America is moving away from a theory of regional integration that supposes a divorce between economics and politics, and which ended up imposing on many countries the fallacy of a “self-regulating market” as a force for development. Nevertheless, it is worrying to see that after the disastrous experiences with the application of market shock theories — in the words of Naomi Klein – these political measures are still being pushed by some OECD countries, multinational financial organizations, rightwing politicians and some businessmen, as a panacea for the economic protection of our countries.

From the North, we are plied with free trade treaties and liberalization and deregulation of financial structures, along with privatization and flexible labour markets as basic mechanisms for international economic integration. In South America there are people who hear these siren songs and defend the urgent need to create a free trade area along the lines of the FTAA/ALCA. With this they propose to cure the failures of the neoliberal model.

The regional integration of South America must retrieve the role of the State over the market, of society over the State and the market. The integrated South American states should take control of an integrated South American market. And Latin American society should play a fundamental role in participating to control States and integrated markets. This integration should open the way for a development model that allows for the advancement of each country as well as common advancement. The efficacy and the ability for channeling regional synergies depend on the ability to understand that this is a collective project, not an individual one, and to understand that this is an institutional fabric that is created through the process of integration.

To expand and strengthen South American integration, Unasur must be strengthened and extended. It is fundamental to move Mercosur towards a South American Mercosur(1). This depends on the capacity of our States to reconfigure their productive structures.

This will be possible if governments can transcend the limits of mere economic rationality and commit themselves to work towards a Common and Inclusive Economic Policy, which can take advantage of the region’s assets in food and hydraulic resources, raw materials and energy resources, generating a productive integration of a complementary character between countries.

In the new world order, the importance of South America for the international economy is undeniable. It is one of the most dynamic economic poles. At the present time, the GDP of the countries of South America represents 73 per cent of that of Latin America and the Caribbean, which in turn represents 8 per cent of world trade. In spite of its economic weight, the productive and export matrix of our countries continues to be centred on the primary sector and on intensive manufactures in primary resources and natural resources. This phenomenon responds to the high prices of commodities in the international market, but also to the concentration of investment, both national and foreign, in the exploitation of primary resources. In consequence, South American countries face the threat of deindustrialization and of economies centred on the primary sector. These processes lead to the emergence of productive enclaves whose wealth creation does not reach the whole economy, given the few productive networks they generate, as well as capital flight in the form of the repatriation of profits and benefits and the unlimited increase in imports. These enclaves in many cases are part of parasitical foreign investment that does not pay taxes and brings very little to our countries.

The way that Latin American countries have conceived their economic development has given rise to productive structures that are engineered to satisfy extra-regional needs. Because of this, the economic dynamics of the countries of the region contribute little or nothing to the collective economic dynamics of the region. Due to this individualist way of thinking of economic growth and the application of commercial policies based on indiscriminate opening to foreign economies, the greater part of South American economies have undergone processes of productive dismantling or the loss of economic dynamism in industrial sectors. At the same time large segments of our populations have experienced a fall in unemployment but growth in precarious employment. Here, if there is a diminishing amount of poverty, inequality is maintained and is at times even more evident.

It is necessary for South American economic integration to move towards the articulation of national economies, and for productive structures to look to satisfying the needs of the people of the region, in a way that allows us to develop our manufacturing sectors and services. In this sense it is important to establish legal and technical conditions to promote regional productive investment. Finally, it is necessary to set up productive conditions that make it possible for each and every one of the economies of the region to reach high levels of competitiveness in order, at a later moment, to be able to compete in the international markets of manufacturing and service sectors of medium and high added value.

In the difficult path towards a South American Mercosur, Mercosur should become the bridgehead to establish a South American commercial bloc, animated by principles of solidarity, complementarity and the consideration of the asymmetries in the levels of social and economic development of different members, that prioritizes the role of the State, and has as its goal the well-being of the population rather than the profits of big capital, and which can serve as an example of a different regionalist model, in the face of traditional schemes that are based on market fundamentalism.
(Translation: Jordan Bishop, for ALAI)

– Kintto Lucas is the Roaming Ambassador of Uruguay for Unasur, Celac, and Alba. Former vice foreign minister of Ecuador.

(1) Unasur: Union of South American Nations. Mercosur: Southern Common Market.

 

Source: http://www.alainet.org/active/65768

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, pharm European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, find then clearly a move towards a banking union, help as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus/

 

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, check European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, check then clearly a move towards a banking union, illness as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, ed José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, salve este no es el lugar donde los rumbos se abren, viagra tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

 

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Authors: Edward Moxon-Browne, check University of Limerick, treat and Philomena Murray, pharmacy University of Melbourne

Is the EU a template for regional integration in Southeast Asia? Caution is required in seeking to propose a model.

Comparisons can be made between the decision-making structures in ASEAN and the EU, but, given the unique circumstances of each regional project, analogies between the two may be counter-productive. In particular, ASEAN has attempted to model its Committee of Permanent Representatives (CPR) on the EU’s Committee of Permanent Representatives (COREPER). But can the consensual modus operandi in COREPER be replicated by ASEAN simply by institutional mimesis?

A basic, and familiar, question that has to be faced is whether the EU is sui generis. Two themes are pertinent here: the perceived ‘inadequacy’ of the state in post-war Europe and the relevance for European integration of factors specific to the European continent. In post-war Europe, demands for welfare internally, and security threats externally, were increasing. So governments were under pressure from public opinion to deliver on these two quintessential functions of the nation-state. European states looked to each other for support, and this led to alliances in the security and economic sectors. In effect, the European state was rescued from its own demise by the mechanisms of European integration.

At the same time, five factors specific to post-war Europe contributed to the impulse toward European integration. First, recent memories of conflict underpinned collective security arrangements. These varied from tight military alliances to more-fluid non-alignment. But all shared a common concern to optimise national security by reaching beyond the borders of the state. Second, Europe’s high population density, numerous national borders and notions of national sovereignty made functional cooperation imperative to overcome the challenge of geographic proximity. Third, liberal democracy became a badge of West European identity, separating it from the communist east. Fourth, notions of the ‘welfare state’ have provided a focal point for cross-border reciprocity as an increasingly mobile workforce sought common entitlements to welfare. Fifth, EU citizenship, a reflection of a value-laden consensus that does not exist in any other regional organisation, provides a transnational framework for the protection of numerous civic rights. Many of these are embedded in EU law and defended by the European Court of Justice.

What, then, of ASEAN? Its membership is extremely diverse in wealth, size and political orientation. And there is much less regional interdependence than in the EU. Modes of decision making are also based on a rejection of supranationalism, in contrast with the EU. This contrast is exemplified when comparing the EU’s COREPER with ASEAN’s CPR.

COREPER is based on a habit of negotiating consensus away from public scrutiny, although the committee is an integral part of the EU’s decision-making machinery. In ASEAN, the CPR could develop along the lines of COREPER in the sense that socialisation between its members in Jakarta could radiate back toward national capitals and act as a dynamic for greater integration. ASEAN’s CPR was modelled on the EU’s COREPER — both prepare meetings for their respective councils. However, the outputs from their meetings are quite different: COREPER deliberations result in binding legislation, unlike those of the CPR. It is possible that there could emerge a pattern of close linkages in the ASEAN case like that which exists between COREPER and the Council of the EU secretariat, and there is evidence that these meetings within ASEAN are proving fruitful. It is also possible that close relations could be developed between the ASEAN CPR and domestic ministries, as in the EU.

Well-established habits of cooperation among EU member states are echoed by the informal channels of ASEAN diplomacy. Both seek to work out common positions behind the scenes and minimise the necessity of cumbersome institutional procedures. Integration in the EU has been propelled by setting deadlines which galvanise elites toward greater commitment. By adopting EU nomenclature for new institutions and processes, ASEAN has set itself ambitious goals for a new dynamism. The risk is that frustration and disillusionment can set in if goals are not achieved. Moreover, public awareness of ASEAN as a regional body is minimal; and although the EU suffers from a ‘democratic deficit’ it is at least felt that the public ‘ought’ to be more involved: the only question is how.

In sum, the supranational assumptions underlying the decision-making processes of the EU, which ASEAN now partly reflects, may conflict with ASEAN’s carefully preserved intergovernmentalism. Yet ASEAN may well develop an enduring institutionalisation of its decision-making mechanisms and procedures. After all, the EU developed its own co-existence of intergovernmentalism and supranationalism. The next few years will see the experiment of the CPR be tested and possibly measured against the EU — but we can expect an ASEAN style to be imprinted on this new coordinating body.

Edward Moxon-Browne is a professor at the Centre for European Studies, University of Limerick.

Philomena Murray is an associate professor at the School of Social and Political Sciences, University of Melbourne.

This is an abridged version of an article published here in the Journal of Common Market Studies.

Source: http://www.eastasiaforum.org/2013/05/03/the-eu-as-a-template-for-asean/